La Contraloría General de la República: su rol ante la corrupción en la función pública.

Resumen

El artículo analiza el rol de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano clave en la prevención y detección de la corrupción dentro de la función pública costarricense. Constituida como ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, la CGR posee autonomía funcional y administrativa, y sus competencias incluyen la fiscalización de la Hacienda Pública y el control de los contratos administrativos.

En su marco normativo, la CGR opera bajo la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que define la corrupción como el uso indebido del poder público para obtener beneficios personales, políticos o para terceros. Esta ley establece también el deber de probidad de los funcionarios públicos, exigiendo eficiencia, legalidad y rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.

El artículo expone que, a pesar del marco legal, casos como el del expediente penal “Cochinilla” revelan graves deficiencias en los controles internos del sistema de contratación administrativa. En este caso, empresas constructoras y funcionarios públicos concertaron mecanismos para manipular licitaciones y asegurar adjudicaciones, evidenciando vacíos normativos y debilidades institucionales.

El texto concluye que, ante estos desafíos, la CGR no solo debe reforzar su labor de control y fiscalización, sino también impulsar reformas legislativas que permitan cerrar brechas normativas y fortalecer el sistema de contrataciones públicas, con el fin de garantizar la transparencia y la integridad en la función pública.